La cláusula en letras pequeñas del Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil.
En la escuela primaria y secundaria se nos enseña en el curso de historia que John Locke fue el autor del Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, una de las obras más importantes del intelecto humano.
Como frecuentemente ocurre en nuestros aburridisimos abordajes escolares a la historia, se nos ordena memorizar la fecha y el autor, y en algunos casos, con un poco más de suerte, también se nos dice que de esta obra deriva la concepción del poder legislativo y ejecutivo (el poder judicial fue creado más adelante por Voltaire)
Sin embargo, rara vez se profundiza más en el asunto, de tal forma que no se nos enseña en la escuela que esta obra también fue la precursora del Acta de los derechos del hombre y del ciudadano, concebida después de la revolución francesa, que a su vez antecedería la promulgación de los derechos humanos a inicios del siglo XX.
A John Locke le debemos prácticamente todos los cimientos del concepto de la democracia parlamentaria, de la división de los poderes, de la separación de la iglesia y el estado, de los derechos civiles del ser humano (Mary Wollestonecraft y las demás pioneras y pioneros del feminismo habrían de librar esa otra lucha que conquistó los derechos civiles de las mujeres) y de la introducción de los principios de igualdad y libertad del individuo ante la ley.
Muy poco de esto se nos enseña en la escuela. Es preciso ir a los libros para conocer en profundidad el alcance de la aportación intelectual de john Locke en el mundo moderno.
Pero de entre todas estas aportaciones, la que resulta más improbable que se nos enseñe en la escuela es aquella que dicta que el pueblo tiene el legítimo derecho de remover a su gobierno, si este llega al poder de una forma ilegítima o se convierte en un regimen despótico.
John Locke fue quien le otorgó legitimidad al derecho a la revolución.
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Existen muchos tipos de dictaduras. Con frecuencia se cae en el error de considerar a las dictaduras militares como el único tipo de dictadura existente, un hecho quizá explicable en Latinoamérica por la larguísima tradición de ejemplos históricos a lo largo y ancho del continente.
Sin embargo lo que define a una dictadura no es el hecho de que el gobierno sea impuesto por el ejercito. Lo que la define es la imposición por sí misma, no importando los medios por los cuales esto se lleve a cabo.
La imposición de un gobierno mediante una vía diferente a la democracia lo convierte automáticamente en un regimen despótico e ilegal. Un gobierno impuesto al pueblo, en contra de lo que éste dicta en las urnas es lo que define a una tiranía.
Los medios por los cuales se impone una dictadura son innumerables. El clásico golpe de estado militar latinoamericano del siglo XX es solo uno de ellos, y y quizá a causa de su espectacularidad y sus atroces consecuencias sociales suele confundirse como la única vía por la cual se impone un gobierno ilegítimo.
El mismo término: "dictadura", suele ser ligado a la violencia, lo cual es la causa de que se suelan olvidar todas las demás posibles formas por las cuales un gobierno despótico llega al poder o se torna en uno a pesar de haber accedido legalmente al mísmo.
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El fraude electoral es otra de las formas por las cuales se logra la imposición de un gobierno ilégitimo, además de las armas.
México es, en el momento presente, el ejemplo de un país en el cual el gobierno que encabezará los próximos seis años de la presidencia se hizo del poder de forma ilegítima, mediante un fraude electoral.
México es por tanto un país en el cual una dictadura se dispone a tomar el poder.
Poco importa el hecho de que no se trate de una dictadura militar. En este caso, en vez de las armas, fueron los favores de una corrupta clase política y el dinero de una voraz clase empresarial quienes colocaron en la presidencia al gobierno que encabezará Enrique Peña Nieto. El medio a traves del cual accedió al poder es lo que lo sitúa en la ilegalidad.
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México por tanto se encuentra en el legítimo derecho de impedir que dicho gobierno se imponga en contra de la voluntad popular.
Sin embargo, desafortunadamente, la revolución es un proceso dificil de abordar. Pero es preciso recordar que una revolución no siempre se lleva a cabo mediante la violencia. No implica necesariamente un levantamiento en armas ni una guerra civil. El término alude a la remoción de un gobierno ilegítimo, lo cual siempre se trata de llevar a cabo haciendo uso de de todos los medios pacíficos que el pueblo tiene a su alcance.
Trístemente no nos queda más que reconocer que dichos medios ya fueron prácticamente agotados y el robo de la presidencia es una realidad que no será impedida por una sociedad que está de por sí hundida en un mar de sangre, creado por el desastroso gobierno saliente de Calderón.
Nadie en México quiere en este momento más violencia. El grado a la que ésta ha llegado es tal que es casi inconcebible imaginar un escenario más desolador.
¿Que queda entonces por hacer?
México tiene por delante la titánica tarea de comenzar a construir las instituciones que permitan acceder a la democracia. Si algo quedó claro en las pasadas elecciones es que las actuales autoridades electorales son absolutamente inoperantes y que México no es una democracia, sino una plutocracia de corte neoliberal dirigida por la corrupción de su clase política y la voracidad de su clase empresarial.
La revolución que la sociedad mexicana debe iniciar consiste en terminar de una vez por todas con la interminable tradición histórica de fraudes electorales en México. Solo de esta forma será posible "limpiar" la corrupción que impregna a la clase política mexicana.
No es posible crear un modelo económico que distribuya la riqueza de una forma más justa y desmantele los monopolios que estrangulan a este país sin un gobierno verdaderamente democrático que lo respalde y actué como su marco regulador.
La edificación de una democracia desde sus cimientos consiste en la revolución que este país debe llevar a cabo.
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Existen muchos tipos de dictaduras. Con frecuencia se cae en el error de considerar a las dictaduras militares como el único tipo de dictadura existente, un hecho quizá explicable en Latinoamérica por la larguísima tradición de ejemplos históricos a lo largo y ancho del continente.
Sin embargo lo que define a una dictadura no es el hecho de que el gobierno sea impuesto por el ejercito. Lo que la define es la imposición por sí misma, no importando los medios por los cuales esto se lleve a cabo.
La imposición de un gobierno mediante una vía diferente a la democracia lo convierte automáticamente en un regimen despótico e ilegal. Un gobierno impuesto al pueblo, en contra de lo que éste dicta en las urnas es lo que define a una tiranía.
Los medios por los cuales se impone una dictadura son innumerables. El clásico golpe de estado militar latinoamericano del siglo XX es solo uno de ellos, y y quizá a causa de su espectacularidad y sus atroces consecuencias sociales suele confundirse como la única vía por la cual se impone un gobierno ilegítimo.
El mismo término: "dictadura", suele ser ligado a la violencia, lo cual es la causa de que se suelan olvidar todas las demás posibles formas por las cuales un gobierno despótico llega al poder o se torna en uno a pesar de haber accedido legalmente al mísmo.
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El fraude electoral es otra de las formas por las cuales se logra la imposición de un gobierno ilégitimo, además de las armas.
México es, en el momento presente, el ejemplo de un país en el cual el gobierno que encabezará los próximos seis años de la presidencia se hizo del poder de forma ilegítima, mediante un fraude electoral.
México es por tanto un país en el cual una dictadura se dispone a tomar el poder.
Poco importa el hecho de que no se trate de una dictadura militar. En este caso, en vez de las armas, fueron los favores de una corrupta clase política y el dinero de una voraz clase empresarial quienes colocaron en la presidencia al gobierno que encabezará Enrique Peña Nieto. El medio a traves del cual accedió al poder es lo que lo sitúa en la ilegalidad.
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México por tanto se encuentra en el legítimo derecho de impedir que dicho gobierno se imponga en contra de la voluntad popular.
Sin embargo, desafortunadamente, la revolución es un proceso dificil de abordar. Pero es preciso recordar que una revolución no siempre se lleva a cabo mediante la violencia. No implica necesariamente un levantamiento en armas ni una guerra civil. El término alude a la remoción de un gobierno ilegítimo, lo cual siempre se trata de llevar a cabo haciendo uso de de todos los medios pacíficos que el pueblo tiene a su alcance.
Trístemente no nos queda más que reconocer que dichos medios ya fueron prácticamente agotados y el robo de la presidencia es una realidad que no será impedida por una sociedad que está de por sí hundida en un mar de sangre, creado por el desastroso gobierno saliente de Calderón.
Nadie en México quiere en este momento más violencia. El grado a la que ésta ha llegado es tal que es casi inconcebible imaginar un escenario más desolador.
¿Que queda entonces por hacer?
México tiene por delante la titánica tarea de comenzar a construir las instituciones que permitan acceder a la democracia. Si algo quedó claro en las pasadas elecciones es que las actuales autoridades electorales son absolutamente inoperantes y que México no es una democracia, sino una plutocracia de corte neoliberal dirigida por la corrupción de su clase política y la voracidad de su clase empresarial.
La revolución que la sociedad mexicana debe iniciar consiste en terminar de una vez por todas con la interminable tradición histórica de fraudes electorales en México. Solo de esta forma será posible "limpiar" la corrupción que impregna a la clase política mexicana.
No es posible crear un modelo económico que distribuya la riqueza de una forma más justa y desmantele los monopolios que estrangulan a este país sin un gobierno verdaderamente democrático que lo respalde y actué como su marco regulador.
La edificación de una democracia desde sus cimientos consiste en la revolución que este país debe llevar a cabo.
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